Este viernes se decide si aprueban la iniciativa de salvar proyecto de transporte rural escolar

Después de dos años de trámite legislativo, este viernes la plenaria de la Cámara decide si aprueba la iniciativa que busca mayor protección para los estudiantes que llegan a sus colegios en mulas, caballos y canoas. Wilmer Leal, parlamentario ponente, manifestó que aunque los tiempos están difíciles, la propuesta cuenta con el respaldo del Congreso para convertirla en ley.

Las alarmas están prendidas. Este viernes es el último día de la legislatura 2019-2020 y el Congreso, en sus habituales jornadas de fin de periodo tiene en su potestad aprobar proyectos de ley de suma importancia para los colombianos. Entre esos está la iniciativa que busca que en todo el territorio nacional los estudiantes rurales tengan un transporte escolar especial, ajustado a sus condiciones geográficas, para que la movilidad no impida el acceso a la educación.

El proyecto es de autoría de José Daniel López (Cambio Radical), Carlos Ardila (Partido Liberal), Juanita Goebertus (Alianza Verde), y principalmente, flexibiliza las condiciones para la prestación del servicio público de transporte escolar en zonas donde un niño, niña o adolescente se transporta actualmente en canoa o caballo, o camina por horas, para llegar a su colegio. Pero que, sí se aprueba el proyecto, el Gobierno tendría la obligación de desarrollar y aplicar de ahora en adelante una reglamentación diferenciada para que ese tipo de transporte no motor y motor (en los casos en los que aplique) cuente con supervisión y reduzca el riesgo que día a día viven los estudiantes.

Después de dos años de trámite legislativo, la plenaria de la Cámara tiene en sus manos aprobar o hundir la iniciativa que se encuentra como segundo punto del orden del día de este viernes. El Espectador conversó con el parlamentario Wilmer Leal, ponente del proyecto, sobre los apoyos políticos que rodean la iniciativa y lo que está en juego con ella.

Este proyecto es muy importante para el acceso a la educación en la geografía más compleja del país, pero las ministras de Educación y Transporte insisten en que no es necesario y basta con el decreto del Gobierno. ¿Por qué cree que no se le está dando desde el Ejecutivo valor a este proyecto? ¿Cuáles son las objeciones a hoy del Gobierno frente a ese proyecto?

Sin duda alguna hay que reconocer dos cosas: por un lado, se sabe que el Plan Nacional de Desarrollo contempla el tema del transporte especial. Y por el otro, el Gobierno sacó un decreto que desarrolla el transporte especial para todo tipo, y eso incluye el escolar. Sin embargo, consideramos que el proyecto es de vital importancia, no solo porque focaliza una solución de movilidad para los estudiantes, sino también porque abarca tres aspectos que no contiene el Gobierno en las dos instancias mencionadas.

Esas tres medidas son: que los vehículos motores y no motores (canoas, pangas, burros, caballos, bicicletas, carros), que permite el proyecto como prestadores del servicio, cuenten con un seguro o póliza para proteger las niñas, niños y adolescentes transportados. En segundo lugar, la iniciativa hace explícito que la comunidad podrá participar tanto en la formulación de la necesidad de transporte escolar, como en la prestación del servicio. Y, en tercer lugar, la propuesta tiene en cuenta el tema de transporte no motor. Esos tres argumentos son cosas adicionales que no atiende el Gobierno y hace, entonces, que el proyecto sea necesario.