Era diciembre, y mientras el país estaba concentrado en las fiestas de fin de año, en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) también hacían fiestas, pero con el ahorro que entregan los colombianos para estudiar o comprar vivienda. Dos funcionarios del más alto nivel de la entidad estaban tejiendo un crimen financiero que, según la Fiscalía, significó una astronómica pérdida de casi 63.000 millones de pesos.



Para la Fiscalía es claro lo que pasó. Se vendió de manera irregular una cartera que costaba 131.433 millones de pesos, por la suma de 68.435 millones, lo que deja en evidencia una pérdida para el Fondo de casi 63.000 millones de pesos de los ahorradores.

SEMANA revela en exclusiva los detalles de este gigantesco escándalo, que por su valor y vocación social se puede comparar con el robo en Centros Poblados. ¿Pero qué fue lo qué pasó? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo terminó cerrándose ese negocio?

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2017, y, si no fuera por las pesquisas de la Fiscalía, este oscuro negocio habría pasado desapercibido. Sus autores fabricaron una cortina con apariencia de legalidad en la que incluso modificaron el manual Sarc (Sistema de Administración del Riesgo Crediticio), de tal manera que en la transacción no se notaran las irregularidades.



Durante meses, un equipo de la Fiscalía 212 de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, en un trabajo de filigrana, se dio a la tarea de recoger evidencias, documentos, testimonios y realizar inspecciones para llegar al fondo de este millonario desfalco. Por estos hechos acaban de llevar ante un juez e imputar graves cargos contra los entonces vicepresidente financiero, Milton Bustos, y la vicepresidenta de Riesgos, Adriana Rojas. Ellos siguen trabajando en la entidad en otras labores.

La Fiscalía les imputó cargos por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

Para los investigadores, este fraude estaba diseñado incluso desde que empezó a planearse la venta de la cartera morosa del Fondo Nacional del Ahorro. La ganadora de esta piñata fue la firma Disproyectos, que apareció de un momento a otro cuando ni siquiera había sido invitada a participar en el proceso de selección. Con un agravante: según las indagaciones, no tenía un flujo de caja que le permitiera asumir las obligaciones contractuales, y su patrimonio resultaba irrisorio para encargarse de este negocio, no superaba los 1.000 millones de pesos, además de cero experiencia en cobro de cartera.

Lo que sí hizo la vicepresidenta, meses atrás de la millonaria transacción, fue hacerles una invitación cerrada a otras siete firmas, que obviamente no iban a resultar ganadoras del jugoso contrato, en el que a la luz de la ley deberían enfrentarse en franca lid para escoger a la que mejor representara los intereses del FNA. Esa reunión fue de puro trámite, pues al parecer ya todo estaba listo para que Disproyectos apareciera como el mejor oferente.



Tal era la intención de entregar este contrato a dedo que incluso fue modificado el manual Sarc utilizado para estos casos solo con la finalidad de dar apariencia de legalidad. Con base en este reglamento ya habían sido descartados otros interesados. Por si fuera poco, a juicio de la Fiscalía, la vicepresidenta de Riesgos, Adriana Rojas, aceptó una solicitud de no constituir la garantía exigida por el comité para el cumplimiento del contrato.

También estaba en la obligación legal de presentar la oferta de Disproyectos al comité del Fondo para la compra de la cartera, pero no lo hizo, y ella misma terminó aprobando la oferta. Omitió de manera consciente el análisis de la capacidad de pago de la firma para determinar si podía cumplir. Tan clara fue la intención de asignarlo directamente que tampoco, dice la Fiscalía, puso a competir la oferta de Disproyectos con otras firmas.

“La doctora Adriana Rojas, en claro abuso de su poder y aprovechamiento de sus funciones y competencias, expidió el 15 de diciembre de 2017 y el día 23 de enero de 2018 el manual con el fin de incluir en ellos disposiciones que legalizarían la venta (…) en contexto se permite sostener la evidente confabulación entre Rojas y Bustos en la defraudación del patrimonio del Fondo Nacional del Ahorro”.

El fiscal del caso tuvo que estudiar el expediente durante meses para entender que cada uno de estos cambios y movimientos, que a simple vista no despertaban dudas y tenían apariencia de legalidad, tras bambalinas ocultaban el plan para sacar ganancias de miles de millones de pesos de los ahorradores. Durante la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía fue exponiendo uno a uno los argumentos que encontró en la investigación.