Patrullero de la policía se negó a hacer desalojo a habitantes de zona rural en cali.

Un uniformado adscrito a la Policía Metropolitana de Cali es viral en redes sociales luego que quedara registrado en un video negándose a realizar un desalojo en el sector de Pance.

El hecho ocurrió en el sector conocido como ‘La Viga’ donde las autoridades llegaron este martes 9 de junio junto a varias unidades de Esmad.

En ese punto había decenas de personas que han ocupado el predio luego de ser desplazadas por la violencia.

Allí han levantado sus casas y puesto a producir la tierra con siembras de maíz, yuca, plátano, entre otros.

No obstante, para el uniformado el procedimiento era irregular y alegó que se cometía una injusticia con las personas que estaban ahí porque no tenían a donde ir en medio de la crisis que se vive por la crisis.

“Es injusto lo que van a hacer, no les van a dar vivienda, no les van a dar reubicación, abusan de los Derechos Humanos en plena cuarentena”, dijo el patrullero.

“Sé que me van a trasladar, pero es algo injusto lo que hacen en este momento. Una retroexcavadora va a tumbar las casas, el maíz y lo demás”, añadió.

El patrullero, identificado como Manuel Zúñiga, aseguró que lleva 10 años en la institución.

“Yo soy policía, soy patrullero, me metí a esta profesión para proteger a los ciudadanos y no para ser abusivo, ni atacarlos”, sostuvo el uniformado.

Ante esto, el general Manuel Vásquez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que ningún policía puede omitir una orden de un superior.

“La Policía Nacional no pierde su condición humana, no obstante, frente a orden legitima no tienen sino un camino y es el de garantizar el cumplimiento”, dijo.

“Ni el policía podrá acudir a una omisión de una orden o a una extralimitación en el cumplimiento de su deber”, añadió Casas.

Entre tanto, Patricia Inés Corina Cáceres subsecretaria (e) de acceso a servicios de justicia, precisó que el desalojo se hizo de manera legal bajo todas las normas jurídicas.

“Nosotros adelantamos un proceso de restitución de bien de uso público que son bienes de rango constitucional y deben ser protegidos”, añadió.

“Esta comunidad presentó 20 tutelas las cuales un juez las declaró improcedentes, es decir, se agotó el debido proceso”, dijo Cáceres.