Colombia sigue conmocionada por el atentado que sufrió el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, un hecho que no solo puso en riesgo su vida, sino que también encendió las alarmas sobre el nivel de violencia que rodea la política nacional. Aunque las investigaciones avanzan y se han revelado datos clave, el caso sigue siendo un misterio lleno de vacíos, silencios y preguntas sin respuesta.
Esta semana, las autoridades confirmaron un importante hallazgo: ya se sabe quién compró el arma con la que le dispararon a Miguel Uribe. Gracias a un trabajo conjunto entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la ATF de Estados Unidos, se rastreó el origen de la pistola Glock 9 mm utilizada en el ataque.
Según la investigación, el arma fue adquirida legalmente en Mesa, Arizona, el 6 de agosto de 2020, por un ciudadano estadounidense identificado como Charles Joe Anderson. La compra se realizó a través del distribuidor Aji Port, y quedó registrada en los archivos oficiales. Sin embargo, el arma nunca fue reportada como exportada ni registrada en Colombia, lo que confirma que ingresó de forma ilegal al país.
A pesar de este avance, la gran pregunta sigue sin respuesta: ¿quién dio la orden?
El joven sicario que disparó, un menor de edad, afirmó entre lágrimas que lo hizo «por plata y por su familia», pero no reveló más detalles. Las autoridades todavía no han confirmado quién planeó el atentado ni qué intereses oscuros hay detrás.
Colombia no puede conformarse solo con saber quién compró el arma.
La ciudadanía exige conocer a los autores intelectuales de este hecho violento que ha puesto en jaque la seguridad democrática. ¿Quién entregó el arma al sicario? ¿Quién organizó el ataque? ¿Qué motivaciones hay detrás?
El caso está lejos de cerrarse. Por ahora, hay más sombras que certezas. Y en medio de la incertidumbre, el país sigue esperando una verdad completa y justicia para Miguel Uribe.