Colombia amaneció sacudida por una noticia que rápidamente escaló a lo más comentado en redes sociales y portales informativos. El Tribunal Superior de Antioquia confirmó una condena de 28 años y 4 meses de prisión contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. La decisión, que revoca la absolución que había sido otorgada en 2024, representa un giro trascendental en un proceso que ha acompañado al país por más de diez años y que siempre ha estado rodeado de polémicas, presiones políticas, testimonios contradictorios y un debate público marcado por la polarización ideológica.
Para muchos colombianos, esta condena no solo es un episodio jurídico, sino un hecho histórico que toca fibras profundas de la vida política nacional. Por eso mismo, en cuestión de minutos, la noticia se volvió tendencia en todas las plataformas digitales, especialmente porque el condenado es nada menos que el hermano del hombre que durante años fue promovido —y aún defendido por miles— como “el supuesto Gran Colombiano”, un título que siempre ha generado discusiones y posturas encontradas.
Un fallo que revive la historia de los 12 Apóstoles
De acuerdo con el fallo del Tribunal, la Fiscalía logró demostrar que Santiago Uribe participó en la estructura del grupo paramilitar conocido como Los 12 Apóstoles, una organización que operó en el norte de Antioquia durante los años noventa y que fue señalada de múltiples asesinatos selectivos, desapariciones y acciones de “limpieza social” contra personas consideradas indeseables por la organización. Los magistrados concluyeron que existieron suficientes elementos probatorios —desde testimonios de exparamilitares hasta informes forenses— que señalaban a Uribe Vélez como una ficha relevante dentro del funcionamiento de la organización, especialmente en la coordinación de operativos que derivaron en la muerte de varios civiles.
Dentro de los hechos que sustentan la condena se encuentra el asesinato de Camilo Barrientos Durán, cometido en febrero de 1994, el cual fue presentado por los fiscales como un ejemplo claro del patrón criminal que seguía la estructura. Según la sentencia, existe un entramado de responsabilidades que vincula directamente a Santiago Uribe en la existencia, financiación y logística del grupo, otorgando al Tribunal los argumentos necesarios para revocar la absolución inicial y emitir una condena de alta magnitud que hoy sacude al país.