María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y una de las figuras más visibles de la ultraderecha en Colombia, ha construido su carrera política atacando con dureza a la izquierda. En redes y medios repite que los “mamertos” quieren vivir del Estado, que todo lo quieren regalado y que los subsidios solo fomentan la vagancia. Sin embargo, su discurso choca con la realidad de los privilegios que rodean a su familia.
Cabal vive escoltada permanentemente, se moviliza en camionetas blindadas de alta gama y cuenta con un esquema de seguridad pagado con recursos públicos. Todo esto financiado por los mismos colombianos a los que suele criticar cuando reciben ayudas del Estado. Hasta ahí, podría decirse que es parte de su cargo. El problema es que la contradicción no termina ahí.
Una investigación del periodista Daniel Coronell, publicada en la revista Cambio, reveló que su hijo, Juan José Lafaurie Cabal, accedió a beneficios estatales diseñados para pequeños productores rurales. Según la denuncia, Lafaurie obtuvo un crédito agropecuario por 400 millones de pesos a través de Finagro, presentándose como “pequeño productor”, pese a provenir de una de las familias más influyentes del sector ganadero y político del país.
Pero el dato que más indignación generó fue que ese crédito no llegó solo. El Estado le otorgó además un Incentivo de Capitalización Rural por más de 95 millones de pesos, es decir, un subsidio que reduce directamente la deuda que debe pagar. En la práctica, casi cien millones de pesos fueron asumidos por todos los colombianos para beneficiar al hijo de una senadora que ataca ferozmente cualquier forma de ayuda estatal.
La polémica crece aún más cuando se recuerda que el padre de Juan José Lafaurie, José Félix Lafaurie, es presidente de Fedegán y fue miembro de la junta directiva de Finagro, la entidad que respalda este tipo de créditos. Aunque la familia ha defendido la legalidad del trámite, el debate no es solo jurídico, sino ético y político.
Mientras Cabal señala a los sectores populares por “querer todo gratis”, su propio entorno accede sin problema a subsidios públicos que, en teoría, están pensados para campesinos con pocas oportunidades y recursos limitados. Para muchos, este caso refleja el doble discurso de una élite política que condena el Estado cuando beneficia a otros, pero lo aprovecha cuando toca su propia puerta.
El escándalo no solo deja preguntas sobre la coherencia de María Fernanda Cabal, sino que vuelve a poner sobre la mesa una vieja discusión en Colombia: los subsidios no son el problema, el problema es quiénes los reciben y desde qué privilegios.