Una vez más, la corrupción en Colombia parece no tener dolientes. La Procuraduría General de la Nación, encabezada por Margarita Cabello, acaba de archivar el proceso disciplinario contra la exministra de las TIC, Karen Abudinen, relacionada con el escandaloso caso de Centros Poblados, dejando a todo un país en el aire sobre el paradero de $70.000 millones que deberían haber sido destinados a llevar internet a las escuelas rurales más olvidadas del país.
En un país donde la plata para la educación es escasa y el acceso a la tecnología es un lujo para muchos, el escándalo de Centros Poblados fue un golpe bajo. Pero ahora, el remate: ¡la exministra Abudinen sale libre de toda culpa! Según la Procuraduría, encabezada por Cabello, no hay indicios de que Abudinen haya actuado de forma irregular en la adjudicación del contrato que terminó con el desfalco. ¿En serio? ¿No hay responsables? ¿Nadie ve lo que está pasando?
La indignación ha estallado en las redes sociales y en las calles, y no es para menos. La senadora María José Pizarro lo expresó de manera contundente: “Esto es una cachetada para Colombia”. Y lo es. Porque mientras los responsables políticos de este robo a la nación quedan impunes, son los niños de las zonas rurales quienes siguen esperando, con escuelas sin internet, sin oportunidades y sin futuro.
¿Y ahora qué?
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